POSICIONAMIENTO
POR LA PAZ Y LA LEGALIDAD ELECTORAL
Los ciudadanos y ciudadanas firmantes del
presente posicionamiento queremos expresar a las autoridades electorales
federales y estatales, a las autoridades representantes de los poderes ejecutivos
federal, estatal y municipal de todo el país, y a la opinión pública, las
siguientes consideraciones:
Uno. Nuestro país se
encuentra en estado de emergencia y desastre nacional, a causa de la imposición
de una economía parasitaria y estancada; por propiciar la degradación humana evidente en muchos rincones del país, y
por si fuera poco por una guerra declarada por el titular del ejecutivo, no
para controlar y combatir al crimen organizado, cuya violencia se sigue
multiplicando con su estela de dolor y sufrimiento, sino para proteger intereses de empresas monopólicas y de
conformidad con el gobierno norteamericano y su política guerrerista. El
resultado de esta estrategia de guerra es la catástrofe humanitaria en que se
ha hundido al país.
Dos. El proceso electoral
en curso representa la posibilidad de un cambio por la vía institucional de las
políticas que han comprometido la paz y tranquilidad, la soberanía, la justicia
y el bienestar de la población. Es claro que la legalidad y la legitimidad de
dicho proceso va a depender del respeto irrestricto a la voluntad popular
expresada en el sufragio. Y los responsables de que así sucedan, son el
gobierno federal y los estatales, las autoridades electorales, y también los
poderes fácticos. De no resultar así, tal vez esta sea la última oportunidad
para que siga vigente la vía electoral como medio para acceder al gobierno en
un clima de paz social
Tres. En nuestra historia reciente el fraude y la
imposición han puesto en riesgo la estabilidad política y social. Dan cuenta de
ello las elecciones para presidente de 1988 y del 2006, así como una cantidad
importante de elecciones municipales y estatales, en donde los gobiernos y los
intereses particulares creados, han impuesto candidatos que no ganaron
limpiamente. Y no solo en las urnas no se respeta el sufragio. La utilización
de recursos públicos o los de origen ilegal proveniente del crimen organizado,
o los gastos por encima de los topes de campaña, han estado presentes en
numerosos procesos electorales. A ello también se suma la denigrante práctica
de la compra de votos, que lucra con la pobreza; la compra de autoridades; la
parcialidad, la incapacidad y la arbitrariedad de órganos electorales; amenazas
e intimidaciones sobre votantes y candidatos e incluso la represión y la muerte; la injerencia ilegal e
inmoral de los medios de comunicación y de los poderes fácticos, a las que hoy,
podrían añadirse otras formas más refinadas para burlar la voluntad popular y
la legalidad, como los duplicados de
boletas electorales, incluso foliadas, el número de casillas a instalar en
zonas rurales y las casillas especiales sin justificación. Nos preocupa
igualmente el papel de algunas empresas encuestadoras, que tienen la función de
influir en el estado de ánimo del electorado, con tendencias a favorecer a
algunos de los candidatos.
Cuatro. La irrupción del
movimiento estudiantil y juvenil “#Yosoy132” ha puesto de manifiesto en esta
coyuntura la grave decisión del
monopolio televisivo de imponer a su candidato como presidente de la República.
Detrás de ello está la intención de garantizar la permanencia de su control
mediático sobre la sociedad, así como la de resguardar los privilegios de las
minorías que detentan el poder político y económico. La autoridad electoral tiene el deber y la gran responsabilidad de
garantizar la transparencia, equidad, imparcialidad, objetividad y legitimidad
de los comicios. Pero advertimos, con preocupación la presencia de prácticas
utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del
derecho al sufragio efectivo.
Quinto. Confiamos en que
las distintas autoridades y los poderes fácticos respeten a cabalidad la
voluntad popular de los mexicanos, haciendo valer el voto. Deseamos unas
elecciones limpias y justas, que le den incuestionable legalidad y legitimidad
al proceso y a quien resulte triunfador. Para todos debe estar claro que, ante
el clima de violencia, de inseguridad, de desesperanza, nada agravaría más ésta
situación, que el intento de imponer a alguien por el camino del fraude.
Queremos dejar en claro a todas las
autoridades que si pretenden fraguar un fraude, tendrán como respuesta nuestra
movilización y nuestra resistencia en contra de tal propósito. Lo haremos, no
tengan duda, de manera pacífica, no violenta, pero con la firme determinación
de revertir cualquier intento de atropellar la voluntad popular, expresada en
el sufragio. Este es nuestro deber y así lo consideramos los firmantes de este
Manifiesto, ciudadanos libres y comprometidos con la justicia, la paz, la
dignidad y con nuestra patria.
Igualmente, nos sumamos a
la consideración de que, independientemente de la posición que tome la
ciudadanía en cuanto a su manera de participar, es de la mayor importancia para
el país el que todos los ciudadanos y funcionarios no sólo impidan todo género
de trampas, sino que en cualquier circunstancia respeten la legalidad, y ellos
mismos no la rompan en nombre de ella.
Convocamos a mujeres y
hombres de todas las edades y sin distinción de creencias ideológicas o religiosas,
de todas las condiciones sociales y de las distintas filiaciones políticas, a
participar activamente en defensa de la legalidad y de la paz en el proceso
electoral.
Para analizar retos y escenarios desde
nuestros movimientos, les invitamos a reunirnos en un espacio unitario el
próximo sábado 23 de junio a las 09:00Hrs. en la Universidad Obrera de México,
ubicada en la calle de San Ildefonso No. 72, Col. Centro, en una ASAMBLEA POR
LA PAZ Y LA LEGALIDAD ELECTORAL, y el sábado 14 de julio para hacer la
evaluación del proceso y acordar nuestras siguientes acciones. A la
brevedad mandaremos propuesta de lugares.
México
DF, junio de 2012
Firmantes:
Por la Coordinación de la
Proclama por el Rescate de la Nación
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